En el año 2001, la desocupación en la Argentina trepó al macabro
número del 25%, 13 años después este indicador se ubicó en el primer
trimestre del 2013 en el 7,9 por ciento.
La disminución del desempleo en el período 2003-2007 fue realmente
llamativa y se enmarcó en un contexto de fuerte crecimiento económico
con tasas "chinas" del 8%, políticas de inclusión social y un rol
determinante del Estado en la reconstrucción del tejido productivo.
Los ’90, que el diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde,
denomina como "segunda década infame", también destruyó la estructura
de trabajo al crear otros 3 millones de empleos en negro y subocupados.
En otras palabras, en el 2002, más de 6 millones de argentinos tenían
problemas laborales producto de la desocupación y la pauperización del
mercado laboral. Hoy en cambio, la Argentina se enfrenta con otros
desafíos, menos dramáticos pero muy urgentes de resolver.
Desde 2009 hasta la fecha la desocupación se mantiene en un rango que
oscila entre el 7,2 y el 7,9%, inflexible hacia la baja, y el empleo en
negro afecta a casi la tercera parte de la masa laboral.
En este marco, no hay que perder de vista que la Argentina ha sido
afectada por el impacto de la crisis internacional, pero también es
cierto que aún existe un núcleo de desempleo duro que afecta
particularmente a la franja etaria que oscila entre los 18 y los 35
años. Este grupo, que está literalmente marginado del mercado laboral,
no es un número: tienen nombre, apellido y rostro.
Todo ello plantea la necesidad de generar políticas específicas más
agresivas dirigidas a incluirlos como ciudadanos en la economía y en la
vida social.
Recalde es optimista y cree que "comenzó un nuevo ciclo de
crecimiento del PBI" que se expresa en el repunte que mostró la
construcción en el último cuatrimestre y en la mejora del ingreso,
producto de las paritarias y las mejoras en las asignaciones familiares
que "va a multiplicar la cantidad de puestos de trabajo y permitirá
reducir el desempleo del 7,9% actual al 6,5% a fin de año".
Pero Recalde no deja de reconocer que existe un núcleo hostil de
desempleo, producto de la destrucción de la cultura del trabajo que
empezó en la década del ’30, prosiguió con fuerza en la dictadura
cívico-militar de 1976 y alcanzó su máxima expresión en "la segunda
década infame" que sufrió la Argentina entre 1989 y 2002.
"Con el aumento del empleo en negro, la desocupación y la
pauperización laboral, los ’90 fueron el anticristo de la justicia
social", remarca el legislador oficialista.
No obstante, en los últimos años, uno de los ejes centrales de la
política laboral debería apuntar a achicar los casi cuatro puntos de
desempleo que separan al 7,9% actual del pleno empleo, que los expertos
cifran en un desempleo de entre el 3,5% y el 4 por ciento.
Para lograr este objetivo, Recalde propone, entre otras variantes, disminuir la jornada laboral de 48 a 45 horas semanales.
El abogado laboralista considera que de esta manera, se podría
incluir una gran masa de trabajadores al mercado laboral sin que ello
implique una pérdida de la competitividad para las empresas. De los 7
millones de trabajadores que conforman el circuito laboral en la
Argentina, 3,5 millones trabajan al menos 48 horas por semana.
"Hay algunas actividades como vigilancia que tienen jornadas de 12
horas. No son inteligentes los empresarios que hacen trabajar más a un
empleado porque los estudios acreditan que una jornada disminuida reduce
los accidentes de trabajo, mejora la asistencia y también la
productividad", asegura Recalde.
Los especialistas coinciden en que la informalidad y la falta de
especialización para satisfacer la demanda de un mercado laboral cada
vez más exigente son dos condiciones que todavía la Argentina no logró
superar. También es preocupante la existencia de un amplio sector de
mano de obra insuficientemente calificada, que engrosa el llamado
"núcleo duro" de desocupados que impide reducir el desempleo del 7% de
la población activa y que también es funcional al mercado laboral no
registrado.
El secretario General Adjunto de la Central de Trabajadores de la
Argentina, Pedro Wasiejko, pone el énfasis en la necesidad de extender
la recuperación del perfil industrial del país como una forma de reducir
la desocupación y atacar el empleo informal.
"Hay que tener un refuerzo en el complejo automotriz: hay que poner
todo el centro de gravedad de proveedores de autopartes que sean
globales. Para lograr empleos de calidad, buen nivel de salarios y
avanzar en el agregado de valor en el desarrollo de la minería",
asegura. El otro punto neurálgico que subraya Wasiejko es la importancia
de implementar políticas educativas dirigidas a fomentar el ingreso al
mercado laboral en el corto plazo. "Hay una demanda de empleo calificado
que aquellos que están fuera del mercado no pueden satisfacer, hace
falta una educación técnica más corta para este sector. Desarrollar
algunas actividades que necesitan un nivel mínimo de especialización e
inculcar la cultura del trabajo; levantarse todos los días, cumplir un
horario, etc", subraya Wasiejko.
El otro aspecto gravitante sobre el que los especialistas coinciden
es en la necesidad de desarrollar políticas laborales focalizadas como
mecanismo para integrar a los marginales del mercado que buena parte de
la sociedad ve como parias. En el caso del empleo informal existe un
problema estructural que lleva años de arrastre y que está asociado a
una economía subterránea que compra, factura y, por lo tanto, también
contrata en negro. Esta población, que no tiene obra social, cobertura
de accidentes de trabajo ni derecho a una indemnización en caso de
despido, comprende hoy a más del 32% de la fuerza de trabajo.
"Ahí hay alguna responsabilidad política. Se necesitan decisiones más
fuertes. Por ejemplo, existe todo un espacio del mundo del trabajo en
sector textil porque hacen todo de forma irregular. Si todo esto
estuviera normalizado, los costos aumentarían en un máximo del 10% pero
mejoraría la situación", explica Wasiejko, que lo asocia a un problema
cultural del empresariado y reclama políticas puntuales y focalizadas.
En este sentido, el gremialista propone resolver el problema sector
por sector, tomando en consideración las particularidades de cada uno.
"Hacen falta un estudio en el comportamiento de los actores y luego
generar un marco adecuado. No hay justificación si el sector tiene
capacidad de producir y exportar, también puede contratar en blanco",
señala Wasiejko.
Recalde, en tanto, redactó un proyecto de ley que le permitiría a los
trabajadores que están en negro cobrar una indemnización por parte del
Estado.
"De esta manera, el trabajador en negro deschava a la empresa que lo
despidió y se convierte en un inspector de trabajo gratis, además las
empresas se van a cuidar más antes de tomar un empleado en negro y
despedirlo", puntualiza.
Más allá de las recetas que se tomen para atacar el flagelo del
desempleo crónico y el trabajo precario, lo importante es transformar
esta lucha en una política de Estado que, además, comprometa a todos los
actores de la cadena productiva y establezca un sistema de premios y
castigos.
El proceso de transformación del mercado laboral que empezó a
observarse en el 2003 requiere ahora de una nueva etapa con políticas
específicas, focalizadas de mediano y largo aliento. Hace falta
incorporar a aquellos que trabajan alejados de los beneficios de un
empleo formal o que directamente están afuera del mercado, con todas las
consecuencias que ello implica.
