El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, se pronunció por negociaciones paritarias "sin techo" y a favor de una ley de participación en las ganancias "si existiera el consenso necesario" entre todos los sectores.
En una entrevista brindada a la agencia informativa Télam, Yasky expresó la necesidad de "discutir que no haya techo en las negociaciones paritarias", ya que es un tema "muy importante" para los trabajadores y porque el piso de partida "es desparejo y perjudica a quienes vienen por detrás" de ese valor.
"La CTA sostuvo en varias negociaciones que el porcentaje (de aumento salarial en paritarias) debe decidirse en función del costo de la canasta básica, para lo cual se tuvo en cuenta el IPC de siete provincias, cifras presentadas por empresarios y los propios índices del instituto de la central", definió.
En cuanto a una ley para establecer la distribución de las ganancias de las empresas entre los trabajadores, el gremialista sostuvo que "la CTA estaría a favor si existiera el consenso necesario y una agenda razonable", aunque aseguró que "no está en el orden de prioridades" de la central.
Sin embargo, consideró prioritario "resolver la situación del 35 por ciento de los trabajadores informales, eliminar el trabajo infantil y asistir a quienes son desalojados de las provincias por los sojeros".
El titular de la CTA explicó que la sintonía fina postulada por el gobierno consiste en "eliminar las desigualdades al interior de la clase trabajadora y profundizar la participación de los trabajadores en la riqueza producida", e insistió con "priorizar al 35 por ciento del sector no registrado".
"Un aporte de la CTA a la sintonía fina es señalar que existen cientos de miles de personas encuadradas en planes cooperativizados que ganan 1.200 pesos", sostuvo e incluyó en ese sector al trabajo infantil, doméstico y rural.
En otro orden el dirigente docente resaltó que la personería gremial de la Central "es una demanda a sostener", por lo que en 2012 "se insistirá" ante las autoridades con ese pedido.
En cuanto al conflicto con la CTA que lidera el dirigente estatal Pablo Micheli, Yasky reseñó que existe un fallo pendiente de la Corte Suprema, y expresó su expectativa de que "se respalde el pedido de realizar elecciones complementarias".
Al respecto, manifestó su esperanza de que Micheli "acate el pronunciamiento y se termine la historia de este fraude".
"La CTA volverá a ser una sola y quienes ignoren la resolución de la Justicia y los votos de los afiliados deberán buscar otro nombre de fantasía para seguir existiendo", advirtió y evaluó que la ruptura con Micheli "no afectó la legitimidad de la central" sino que "sólo significó la ida de un sector que pretendió poner a la organización detrás de una conducción opositora".
En el sector de Micheli "apenas permanece alguna parte de trabajadores del Estado pero el resto de los sindicatos quedó de este lado, por tanto, no existen como central sindical", señaló y aseguró que "en términos de legitimidad política, desprendernos de ese lastre permitió a la CTA tomar posiciones frente al proceso político nacional que, de otra manera, no hubiera sido posible". En relación a la agenda para 2012, Yasky adelantó que "la CTA convocará en mayo a un congreso nacional en La Quiaca, en el que se planteará el apoyo a la ley contra la extranjerización de tierras y se promoverá una norma que suspenda el desalojo de los pequeños campesinos, para avanzar en una legislación que propicie un modelo productivo en el agro y los lugareños tengan sustento".
"Además propondremos una nueva reglamentación para controlar inversiones extranjeras; otra para la supresión de la ley de funcionamiento del sector financiero, heredada de la época de Martínez de Hoz; avanzar con firmas de convenios de la OIT, como los que suspenden despidos sin causa y los que reglamentan los derechos de las organizaciones sin personería gremial", informó.
A la lista de propuestas agregó "una ley que genere en Argentina una convocatoria similar a la que planteó la Confederación Sindical Internacional en el G-20, que consiste en un pacto que resguarda empleo y genera mecanismos de discusión con empresarios y el gobierno sobre los precios del sector alimenticio".
"Eso resguardaría al movimiento obrero de las 200 empresas monopólicas que determinan los valores y desbalancean en forma permanente las conquistas salariales de los trabajadores", concluyó.
