ADMINISTRADOS
POR EL ESTADO
PARA QUE
ACCEDAMOS TODOS
“Vengo a
pedir perdón del Estado Nacional
por la vergüenza de haber callado
durante 20
años de Democracia”
Presidente
Néstor Kirchner
24 de Marzo
de 2004
Néstor Kirchner, a 28 años del Golpe del 76, y a catorce
meses de haber iniciado su mandato presidencial luego de que sólo el 23 % del
padrón electoral lo votara, ordenó al entonces jefe del Ejército, Gral. Roberto
Bendini, bajar los cuadros de los genocidas Jorge Rafael Videla y Reynaldo
Benito Bignone del Colegio Militar, poniendo al Estado al frente del hecho
simbólico de reparación histórica más importante en nuestro país, el hecho
fundante de la Década Ganada. Era un militante, un sobreviviente, un compañero,
un presidente, un jefe de Estado, un conductor político y el Comandante en Jefe de las FF. AA. quien
daba la orden.
En Agosto de 2003, a cuatro meses de que Néstor asumiera como
presidente de todos los argentinos, la Cámara de Diputados del Congreso Nacional
había aprobado por mayoría de dos tercios la nulidad de las leyes de Obediencia
Debida (L.N. N° 23.521) y Punto
Final (L.N. N° 23.492) a través de la Ley Nacional N°
25.779, iniciativa de la diputada Patricia Walsh, acompañada desde el Poder
Ejecutivo y apoyada por los partidos políticos: Argentina por una República de
Iguales (ARI), el Frente por un País Solidario (FREPASO), Izquierda Unida y por
la mayoría de la Alianza Frente para la Victoria.
Votaron en contra: el representante del bloque de Autodeterminación y Libertad,
Luis Zamora, el diputado Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, acompañado por
ucedeístas, cavallistas, partidos provinciales y seguidores de Ricardo López
Murphy. El segundo bloque en importancia numérica, el del radicalismo, decidió
abstenerse, actitud que también adoptaron los diputados menemistas.
Este voto mayoritario fue posterior
en unos días al aporte por parte de nuestro ex Presidente de los instrumentos de ratificación ante la CIDH sobre la
imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad y el envío a la
Cámara baja de un proyecto de ley para otorgar a esta Convención rango
Constitucional.
Fue así que
la
Nulidad de las leyes de Impunidad resuelta por el Congreso en 2003 permitió la
reapertura de las megacausas sobre los crímenes cometidos en la ESMA y el
Primer Cuerpo del Ejército. Pero una resolución de la Corte era indispensable
para que todas las causas vinculadas al terrorismo de Estado avanzaran y fueran
elevadas a juicio oral.
El 14 de
junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de estas normas, en
el marco del proceso judicial iniciado en 1998 por las Abuelas de Plaza de
Mayo, por la apropiación de la menor Claudia Victoria Poblete. Con el acuerdo
de ellas, en el año 2000, el CELS había presentado una querella criminal contra
los responsables de la desaparición forzada de José Liborio Poblete y Gertrudis
Hlaczik, padres de Claudia.
Ese año,
2005, se desarrollaban en el país nueve juicios orales y públicos por delitos
de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar y estaba previsto que
comenzaran siete procesos más antes de fin de año.
En un documento elaborado este año, 2013, por la Unidad Especial de la Procuración Nacional
se informa que se condenó a 111 personas por
primera vez, alcanzando un total de 378 desde el regreso de la democracia.
Durante 2012 finalizaron 24 juicios -22 orales y 2 escritos- en los que se
condenó a 134 imputados –de los cuales 111 fueron condenados por primera vez,
dado que no registraban penas anteriores- y se absolvió a otros 17. Hay 13
juicios en marcha, en los que se juzga a 232 acusados en relación con los casos
de más de 1.800 víctimas.
El
mismo informe concluye que también fue significativo
el aumento de personas procesadas durante este año. A fines de 2011 había un
total de 843 procesados, mientras que a fines de 2012 esa cifra se elevó a 1013
(algunos de ellos, procesadas en más de una causa). Es importante destacar que
de estas 1013 personas procesadas, 619 ya cuentan con una o más causas elevadas
a juicio y otras 75 tienen alguna causa en la que la fiscalía solicitó la
elevación a juicio. De este modo, cerca del 70% (694) de todos los procesados
actuales ya tiene alguna causa en etapa de juicio o cuenta con el requerimiento
fiscal para ello.
Los números son elocuentes y nos animan a seguir sosteniendo
y exigiendo pasos hacia adelante desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo
y el Poder Judicial hasta alcanzar el Juicio y Castigo, Cárcel efectiva y común
a todos los genocidas y sus cómplices. Sosteniendo las banderas en cada
convocatoria de las Madres de Plaza de Mayo, de las Abuelas, de H.I.J.O.S. y de
Familiares, estuvo la CTA junto a cientos
de Organizaciones que reivindicamos una política de Estado que hiciera posible
ver a los genocidas en la cárcel, generando iniciativas que pusieran al
resguardo de intereses particulares y de la corporación cívico militar clerical
la conservación de los documentos históricos que garantizara el acceso a la
información, el entrecruzamiento de datos y la conservación de archivos con
carácter público que permitieran llevar adelante una política pública que
aporte al sostenimiento de la Memoria, la búsqueda de la Verdad y la conquista
de la Justicia. Aún así, mucho tiempo
antes, para ocultar estas pruebas la
dictadura en su última etapa sancionó el decreto 2726/83, que fue el pretexto
que utilizó para sustraer del poder del Estado los archivos de la represión.
De este modo, ampliamente se da cuenta de lo que las
políticas de Estado iniciadas el 25 de Mayo de 2003 y la lucha de Madres,
Abuelas, H.I.J.O.S., Familiares y las organizaciones populares han fructificado en
la reparación histórica y judicial en torno a la reivindicación social por
Memoria, Verdad y Justicia, como así también de todo lo que debemos seguir
avanzando y profundizando en la concreción del Juicio y Castigo a responsables
militares, civiles y clérigos.
Que nuestro distrito sea sede del primer Archivo Municipal
sobre la Última Dictadura habla del empecinamiento, el compromiso y la
coherencia del pueblo varelense que no ha cesado de mantener vigente la
Memoria.
El cambio de nombre de la Escuela Técnica Nº 2 “Pedro Eugenio
Aramburu”, por el de “Rodolfo Walsh”,
con la presencia de Eduardo Luis Duhalde, Osvaldo Bayer y Lila Pastoriza junto
al Centro de Estudiantes y la Juventud de la CTA que impulsaron la Campaña; la
participación de Estudiantes Secundarios de más de veinte Escuelas en el
Programa “Jóvenes y Memoria” producto
del compromiso político pedagógico de los Trabajadores de la Educación; las
Vigilias por la Memoria convocadas año a año por la Dirección Municipal de
Derechos Humanos; las “Marchas de Antorchas Hacia el 24 de Marzo” convocadas
por la CTA; la Movilización del 16 de Septiembre en Homenaje a los jóvenes de La Noche de los Lápices organizada
por compañeros y compañeras del Kolina, del Movimiento Evita y del MTD Aníbal
Verón, en el año 2010; la investigación histórica local sobre la acción
represiva del Estado Terrorista en el Instituto Santa Lucía a cargo de
historiadores y docentes varelenses; las jornadas por La Memoria, La Verdad y
La Justicia en la Peatonal Monteagudo iniciadas en el año 1996 a 20 años del
Golpe; un permanente homenaje y reivindicación política de nuestros compañeros
detenidos desaparecidos es el acumulado que, junto con
el consenso social construido durante largos años de Militancia
varelense, hoy se constituye en el
cimiento ineludible para sostener la decisión de concretar nuestro tan ansiado “Espacio
para la Memoria”
Que nuestro distrito sea en un futuro muy cercano el primero
de la Provincia de Buenos Aires en contar con acceso público a los Archivos
Municipales de la última Dictadura Cívico Militar, en un espacio físico
apropiado destinado a tal fin, con la administración a cargo de un Estado
democrático que garantice el acceso en condiciones de igualdad a todos los
ciudadanos; que éste se articule con los Archivos existentes a nivel nacional y
provincial (como en el caso del Archivo
de la DIPBA, en custodia de la Comisión Provincial de la Memoria de la
Provincia de Buenos Aires, bajo control de la Cámara Federal de Apelaciones de
La Plata o el mismo Archivo Nacional); que sea un Archivo en el que nuestros
hijos tengan acceso a la Verdad a través de un organismo público, con la inversión del Estado en la tecnología
apropiada que evite el deterioro de documentos históricos para que las próximas
generaciones puedan saber qué pasó en Florencio Varela entre 1976 y 1983,
garantizando que la información que surja de ellos se constituya en elemento de
prueba para los procesos judiciales en marcha; todas estas circunstancias son
posibles por la tenacidad en la Lucha de quienes estamos convencidos de que el centenar de
compañeras y compañeros detenidos desaparecidos en nuestro distrito NOS FALTAN
A TODOS Y ESTÁN PRESENTES JUNTO A LOS 30 MIL.
Por
ésto, también, luchamos y marchamos cada 24 de Marzo, por ésto festejamos la
sanción por unanimidad de cada Ordenanza Municipal en el sentido de la
reivindicación de los Derechos Humanos. Por estas razones apoyamos la creación
de un Espacio de la Memoria que cuente con un Archivo Municipal de la Última Dictadura
Cívico Militar bajo la coordinación y administración del Estado. Sin mediadores
entre la Memoria y el Pueblo.
EUGENIA VÁZQUEZ
IGNACIO CONCETTI
SEC. DD HH
SEC GENERAL
CTA FLORENCIO VARELA CTA FLORENCIO
VARELA
